Tras consultarlo con los abogados municipales asegura que se puede estar ante un delito de incitación al odio. Y es que, según denuncia, ha llegado a temer por su propia seguridad al recibir mensajes amenazantes y vejatorios.
La polémica comenzó, a mediados de noviembre, cuando en el marco de una operación conjunta entre la Guardia Civil y Endesa se detectaron 45 viviendas en defraudación eléctrica y conexiones ilegales al alumbrado público con el riesgo que supone no reunir las condiciones de seguridad. Hubo dos detenidos y se descubrieron plantaciones de marihuana. Esa fue la mecha que incendió un polvorín de críticas “sin fundamento” hacia la alcaldesa.
“Es una injusticia. Nadie que me conozca me puede acusar de racista. Ni a mí ni a mi equipo de Gobierno. Nosotros tenemos ayudas específicas y planes de empleo para las familias en riesgo de exclusión. El tema de la luz es algo ajeno al Ayuntamiento y tendrán que legalizar su situación con la empresa suministradora. Obviamente, no se puede sostener algo ilegal. Por otro lado, los enganches ilegales estaban conectados al alumbrado público, lo que provocaba sobrecargas y cortes de luz incluso en otras zonas del pueblo, afectando a numerosos vecinos”, asegura Reche, que se remarca que se están aprovechando de esta situación para hacer campaña contra ella.
Es más, se ha puesto en marcha una iniciativa en la que se solicita a ciertas personas que graben vídeos acusándola de racista. “Nada de esto tiene que ver con la raza o el color de la piel. Simplemente, hemos actuado acorde a la legalidad. Lo que no tiene sentido es confundir a la ciudadanía”, insiste.
En este sentido, asegura que se ve sometida a una presión injusta. “Si se sigue por este camino, nos veremos en los tribunales. Mi conciencia está tranquila. Lo que no sé es si otras personas pueden decir lo mismo. No vale todo para conseguir ciertos objetivos”, concluye.