Una movilización de más de 60 tractores ha recorrido este martes las calles de Lopera (Jaén) para conmemorar el segundo aniversario de la Plataforma Campiña Norte y exigir la paralización de las megaplantas solares proyectadas en la comarca.
La marcha, que ha comenzado a las 11:00 horas, ha culminado en una concentración frente al Ayuntamiento, donde han coincidido con otra concentración, la organizada por la ‘Plataforma Lopera en Defensa de la Residencia’, cuyos integrantes se manifiestan para evitar el inminente cierre de este servicio esencial para las personas mayores de la localidad.
El portavoz del colectivo agrario, Rafael Alcalá, ha recordado que esta fecha tiene un valor simbólico, al cumplirse dos años desde que los olivareros se unieron tras recibir las primeras notificaciones de expropiación.
Durante la protesta, Alcalá ha insistido en la necesidad de mantener la movilización social, “necesitamos seguir haciendo presión para que vean que los agricultores no se rinden".
Las exigencias de la plataforma se centran en que el Ayuntamiento de Lopera cumpla su compromiso antes del 31 de julio y proceda a la aprobación inicial del Plan Especial para la ordenación de la energía fotovoltaica.
Asimismo, solicitan la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas durante un periodo de tres años para proteger el entorno de Lopera “porque perjudican gravemente al interés general y al territorio”, también de otros municipios, como Marmolejo y Arjona.
Desde el colectivo subrayan que su petición tiene una "base totalmente legal" y se fundamenta en la defensa del suelo de olivar productivo y del interés general.
Denuncian, además, que el Juzgado de Andújar ha detectado indicios de "fragmentación artificiosa" en los proyectos para eludir controles ambientales rigurosos, y critican que se haya omitido en los informes la presencia del alzacola rojizo, una especie de ave vulnerable.
La disputa jurídica continúa activa, con recursos pendientes de resolución en la Audiencia Provincial de Jaén y un proceso contencioso-administrativo que busca la nulidad de las autorizaciones ambientales e industriales concedidas por la Junta de Andalucía. EFE