La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha suspendido el juicio a tres hombres acusados de estafar 57.230 euros a otro debido a que el acusado de nacionalidad extranjera no se ha personado argumentando su abogado que se encuentra enfermo en Londres.
La presidenta del tribunal ha pedido a la defensa que presente de manera inmediata el correspondiente justificante médico ya que de lo contrario se ordenará su búsqueda y captura para así poder celebrar la vista.
Sí se han presentado los otros dos acusados que han lamentado que una vez más se vuelva a suspender el juicio ya que son cuatro las ocasiones en las que se ha fijado y finalmente no se ha celebrado por incomparecencia del tercer acusado.
El Ministerio Fiscal les reclama dos años de cárcel y el pago de multas de 3.600 euros a cada uno, tras ser acusados de estafar 57.230 euros a un vecino al que supuestamente timaron para que invirtiera en un producto de alta rentabilidad financiera, que ni tan siquiera existía en el mercado.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, los acusados "puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico" firmaron entre ellos en Andújar un contrato de colaboración que tenía como objeto "la intermediación en diversos negocios para la ejecución y presentación de clientes para futuras operaciones comerciales y financieras".
Dos de ellos se encargaron de seleccionar a la víctima a la que pusieron en contacto con el tercero de los acusados para que firmara un contrato de inversión de capital. Dicho contrato se firmó el 8 de octubre y supuso para el denunciante el desembolso sobre la marcha de 50.000 euros para invertirlo en "un producto de alta rentabilidad denominado PPP, y respecto del cual obtendría un beneficio garantizado semanal del 30 por ciento y hasta el cien por cien". Dicho beneficio se pagaría al inversor sobre un montante de 250.000 euros.
Dos meses después del primer desembolso, el denunciante efectuó un segundo pago de 7.230 euros. Los dos ingresos los hizo en la cuenta de uno de los tres acusados. Finalmente, la inversión efectuada no tuvo el destino previsto ya que, según el fiscal, el objeto del contrato "no era cierto".
Además de la pena de cárcel y multa que solicita el Ministerio Público, se les reclama también que indemnicen al denunciante en 57.230 euros, todo ello incrementado con los intereses legales correspondientes.