La Delegación Territorial de Salud y Consumo ha vuelto a poner en marcha de forma presencial la comisión provincial de seguimiento del Plan de Prevención y Actuación frente a Agresiones a Profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía. Ha sido encuentro en el que se han dado cita los gerentes de las distintas áreas sanitarias de la provincia, junto con los responsables de las Unidades de Medicina Preventiva de los centros sanitarios, los interlocutores policiales sanitarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
La delegada territorial Elena González, ha mostrado su satisfacción por recuperar la presencialidad para seguir impulsando este plan y ha apuntado que próximamente se constituirá un Observatorio de Agresiones en Andalucía, constituido por personas expertas, para "proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando".
Junto a este Observatorio de las Agresiones, se está trabajando también en el establecimiento de un régimen sancionador de agresiones a partir de la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Así, ha explicado González, "se establecerá un régimen sancionador para los usuarios del servicio sanitario público andaluz que cometan una agresión con sanciones económicas proporcionadas al daño causado". González ha manifestado que "otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, ya tienen estipuladas estas sanciones".
Los datos de registro de agresiones del Servicio Andaluz de Salud arrojan una cifra de 1.494 agresiones durante todo el año 2022, cifra muy similar a 2019, antes del covid, cuando se registraron 1.507. No obstante, debido al crecimiento de la plantilla de la sanidad pública andaluza, con casi 30.000 profesionales más, ha hecho que la tasa por cada mil profesionales haya caído del 14,6 al 12,32.