La asociación OliveA Tradición y Progreso ha dado la voz de alarma ante lo que consideran una estrategia comercial "interesada" por parte de un reducido grupo de grandes operadores. Según denuncia su presidente, José Gilabert, se está produciendo un fuerte aumento de las importaciones de aceite de oliva desde Túnez con el único objetivo de forzar una caída de los precios que reciben los agricultores españoles.
Los datos de Aduanas y de la AICA avalan la tesis de la asociación: las importaciones tunecinas han crecido un 85% desde 2016. El foco de la crítica se centra en el régimen de perfeccionamiento activo (RPA), un mecanismo legal que permite importar aceite sin aranceles siempre que se reexporte en seis meses.
OliveA advierte que lo que debería ser una medida excepcional por falta de producción se ha convertido en una herramienta estructural. Solo en el primer cuatrimestre de 2026, el 96% del aceite tunecino entró en España por esta vía. "Cada tonelada que entra desde Túnez es una tonelada que deja de comprarse al olivar español", sentencia Gilabert.
La situación es especialmente crítica para el olivar tradicional. Según los últimos estudios de costes de AEMO, producir un kilo de aceite en un olivar tradicional de secano cuesta entre 4,67 y 5,31 euros. Sin embargo, las cotizaciones actuales están cayendo por debajo de estas cifras, comprometiendo la rentabilidad de miles de explotaciones familiares.
Desde OliveA insisten en que no hay una lógica de mercado que justifique estos precios ruinosos, ya que la comercialización mantiene una buena dinámica. Además, recuerdan que Andalucía concentra el 80% de las existencias nacionales, con Jaén a la cabeza (160.000 toneladas), lo que debería ser una "fortaleza" para marcar una estrategia de valor.
"No podemos seguir aceptando operaciones por debajo de costes cuando la propia legislación lo prohíbe", afirma el presidente de OliveA en referencia a la Ley de la Cadena Alimentaria. La asociación reclama coherencia y una estrategia común entre cooperativas, almazaras y agricultores para defender un "suelo mínimo" que garantice el relevo generacional y el futuro de un cultivo estratégico para España.