El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 rebaja de 2.000 euros a 1.500 los límites anuales de aportación a planes de pensiones individuales y también a los del cónyuge.
Desde el Consejo General de Mediadores se considera que la medida es “otro torpedo al ahorro y al complemento de las futuras pensiones de autónomos y empleados de pymes. La propuesta favorece a los trabajadores de grandes empresas y castiga especialmente al medio rural cuya configuración empresarial está basada en pequeños negocios y autónomos”.
Para los mediadores de seguros, “el sistema individual es insustituible para todos los autónomos y trabajadores de pymes que no pueden acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas”.
El ahorro individual para la jubilación es imprescindible en España dada la estructura del mercado laboral donde más de tres millones de personas están incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Habría que sumar varios millones más de empleados contratados por pymes, un tipo de empresa que queda fuera de la previsión social empresarial y que con esta medida queda en franca inferioridad.
En los últimos años la irregularidad de los ingresos de trabajo de pymes y autónomos, aunque no es nueva, se ha incrementado por diferentes razones. La más reciente ha sido el cese de actividad a causa del Covid-19. Según los mediadores de seguros, “solo esta razón, sería suficiente para permitir a los trabajadores por cuenta propia recuperar, en la medida de los posible, su capacidad de ahorro para complementar una jubilación que cada vez aparece más incierta en términos de pensión del Estado”.
En España hay más de 8,5 millones de partícipes entre planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados, PPA, que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida por segundo año consecutivo