El Tribunal de Cuentas, en un reciente comunicado, ha puesto negro sobre blanco las deudas que las cuentas del Estado Español mantienen con la Seguridad Social desde hace décadas.
El Tribunal de Cuentas pide que se compense a la Seguridad Social con 103.690 millones de euros por gastos impropios, es decir, gastos que le fueron cargados sin corresponderle entre los años 1989 y 2013. De hecho, a la Seguridad Social se le vienen imputando gastos impropios desde 1.978, por lo que con toda seguridad la cantidad estipulada por el Tribunal de Cuentas se incrementaría de forma muy sustancial.
De no haberse asaltado las cotizaciones de los y las trabajadoras, para pagar gastos que no correspondían a la Seguridad Social, ésta no hubiera sido deficitaria en ningún momento, rompiendo así el discurso interesado de quienes mencionan su quiebra para alentar negocios privados de bancos y fondos de inversión.
El Tribunal de Cuentas declara que en realidad la deuda es mayor que la cantidad mencionada pues, por un lado no ha calculado los intereses que dicha deuda hubiera generado, y por otro, no incluye la valoración de otros gastos impropios que menciona, tales como las cotizaciones que dejaron de ingresarse por medidas de estímulo al empleo, la tarifa plana para autónomos, los descuentos de las cuotas de los nuevos contratados, ayudas a la natalidad y otras políticas de estímulo económico que deberían haber corrido a cargo de los presupuestos generales y no del fondo de la Seguridad Social. Gastos impropios que la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, también mencionó cuando la dirigía José Luis Escrivá, el actual ministro de Seguridad Social.
Han estado intentando engañarnos permanentemente. El vaciado de la caja de pensiones, imputando gastos inapropiados, obedece a la fabricación artificial de un argumentario neoliberal para atacar al Sistema Público de Pensiones y así favorecer el negocio de los planes de pensiones privados, es decir, los intereses de entidades financieras, grandes corporaciones aseguradoras y fondos de inversión . El Tribunal de Cuentas también deja claro que la cobertura de los déficit puntuales de la Seguridad Social deben ser cubiertos mediante transferencias por los Presupuestos Generales de la Administración del Estado tal y como establece el artículo 109 de la LGSS y no con unos supuestos préstamos.
El Tribunal de Cuentas, en definitiva, da plenamente la razón, a las reivindicaciones que la Coordinadora Local de Jaén y el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas llevan años planteando y obliga a la Comisión del Pacto de Toledo a actuar en consecuencia.
En caso contrario, nos reservamos las movilizaciones y acciones de cualquier tipo que consideremos pertinentes en defensa de los derechos de las personas trabajadoras una vez se han jubilado.