La Universidad de Jaén ha acogido el acto de lanzamiento del Proyecto Net-Care: Networking and Care for Migrant and Refugee Women, financiado por la Unión Europea, dentro de la Dirección General de Justicia y Consumidores, que tiene como objetivo principal la optimización de recursos y actuaciones profesionales en la intervención con mujeres, niñas y niños inmigrantes y refugiados víctimas de violencia de género.
El proyecto cuenta con un total de siete socios de tres países, Italia, Grecia y España, bajo la coordinación general de OXFAM Italia, siendo la UJA la única Universidad que participa y junto con la Asociación por el Empleo y la Integración Social (ASEIS) las únicas entidades españolas. Así, pretende fortalecer un sistema de apoyo y cuidado multisectorial para personas inmigrantes y refugiadas que sean víctimas de violencia de género.
La apertura del acto de presentación ha corrido a cargo del Vicerrector de Investigación de la Universidad de Jaén, Gustavo Reyes, que se ha referido a la finalidad de este proyecto, facilitar a personas inmigrantes y refugiadas que sean víctimas de violencia de género su acceso a los servicios existentes de estos tres países, considerando tres aspectos claves: el riesgo a la infrarrepresentación en estadísticas de los casos reales que necesiten asistencia, la desconfianza que sienten propia de las experiencias previas vividas, y el bajo nivel de asistencia a los servicios de cuidado y protección. Además, en la presentación han intervenido Matilde Peinado Rodríguez, Directora de Secretariado de Compromiso Social y de la Unidad de Igualdad; Marta Romero Ariza, Directora de la Oficina de Proyectos Internacionales; Beatriz Montes Berges y María Aranda López, coordinadoras del proyecto en la UJA.
“Nuestro objetivo es encontrar las deficiencias del sistema de intervención de violencia de género en personas inmigrantes y refugiadas y encontrar soluciones a todas esas deficiencias que se vayan encontrando, tanto en la detección de necesidades de las personas involucradas, como de las deficiencias de los profesionales en su atención. Al mismo tiempo, pretendemos aunar esfuerzos entre todas las entidades, públicas o privadas, que trabajan este tema, de manera que se pueda desarrollar la labor con mayor eficacia y resolución”, ha explicado Beatriz Montes Berges.
Para ello, este proyecto pone a disposición de servicios sanitarios, sociales y legales (incluyendo centros antiviolencia, agencias antitráfico de personas, centros de recepción, hospitales, salas de emergencias, servicios comunitarios, oficinas legales y comisarías de policía), la creación de una red de trabajo a través de la que se elaborará una lista de profesionales clave implicados en estos tres países. En cada uno de ellos, se seleccionarán 30 personas como mediadores culturales que se entrenarán en la intervención óptima en casos variados de violencia de género, incluyendo antitráfico y violencia sexual, siempre comenzando a partir de la detección de las necesidades de las víctimas y siguiendo un procedimiento confidencial y definido en común siguiendo la normativa internacional de protección. “Ahora se trata, a través de distintas reuniones, de generar redes de trabajo con las instituciones aquí representadas y otras que se unirán, estableciendo un protocolo común y un código de conducta de buenas prácticas de mediadores y personas que ya están trabajando. En definitiva, se trata de unificar esfuerzos para que todos sepamos qué se está haciendo y cómo podemos hacer uso del resto de servicios o ayudas”, apuntaba María Aranda.