La subdelegada del Gobierno central en la provincia de Jaén, Catalina Madueño, alaba “la importantísima labor asistencial y sanitaria” desarrollada por los farmacéuticos jiennenses en favor de la salud de los jiennenses. Así lo señaló durante la reunión institucional celebrada con una representación de la junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Jaén, encabezada por su presidente, Juan Pedro Rísquez, al que acompañaron María Dolores Gómez y José Alberto Jerez, vicepresidenta y secretario, respectivamente.
Catalina Madueño se comprometió a estudiar las diferentes propuestas de colaboración planteadas por la institución colegial y que afectan a distintos ámbitos competenciales en materia de sanidad. En este sentido, la subdelegada destacó que la presencia de una farmacia en casi todos los municipios de la provincia, incluso en aquellos núcleos de población más pequeños y enclavados en el mundo rural. “En muchos casos, estos establecimientos son el principal, por no decir el único enlace, entre el ciudadano y la administración sanitaria, por lo que su trabajo resulta vital”, señaló Catalina Madueño.
Hay que recordar que el Colegio de Farmacéuticos de Jaén cuenta con 935 miembros colegiados. Actualmente, están censadas 309 oficinas de farmacia en la provincia, repartidas en 116 núcleos de población. Hay 29 municipios con menos de 1.000 habitantes que cuentan con un establecimiento. Arroyo Frío, una pedanía perteneciente a La Iruela, es el núcleo con menos habitantes que dispone de una farmacia en la provincia. En la capital, existen 55 oficinas, por las 26 de Linares y las 14 de Andújar.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jaén, Juan Pedro Rísquez, agradeció la buena disposición y el compromiso demostrado por la Subdelegación de Gobierno. Así, señaló “la capilaridad” de la institución que preside para “llegar a casi todos los rincones de la provincia” y mantenerse, de este modo, como una herramienta muy útil al servicio de la ciudadanía. Entre otras cuestiones, planteó la posibilidad de establecer un protocolo para comunicar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aquellas situaciones de maltrato en el ámbito familiar y de violencia de género que pudieran ser detectadas por los profesionales farmacéuticos en el ejercicio de sus funciones.