Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en nuestra comunidad, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles cuatro de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.
Para esta plataforma son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social”, traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho.
Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma, la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. En este sentido, es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.
Por otro lado, esta plataforma no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública.
Por último, se hace preciso dejar rotundamente claro que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto.
Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, “llamamos a toda la comunidad educativa a adherirse, construir y participar en la huelga del próximo cuatro de marzo para poder revertir este Decreto”.