Los participantes en la concentración han mostrado su alta preocupación e impacto por los desalojos producidos el 13 y el 20 de julio en Linares a una mujer enferma de lupus y a otra mujer con 3 hijos dependientes que al día de hoy viven en una pensión y que, siendo familias vulnerables, fueron desalojadas sin ninguna alternativa habitacional cuando la ley exige medidas por parte de los ayuntamientos si finalmente se produce el desahucio.
Desde 2008 a 2020 ha habido casi un millón de desahucios en España y teniendo en cuenta el tamaño medio del hogar 2 millones y medio de ciudadanos españoles se han visto afectados. No hay mayor violencia que dejar a gente en la calle y como consecuencia no hay mayor violencia que generar pobres en nuestras ciudades.
Con el decreto gubernamental del 14 de marzo de 2020 que detenía de facto los plazos procesales en los desahucios de familias vulnerables en la pandemia hasta el 9 de agosto de 2021 se han evitado desahucios, llegando acuerdos de alquiler, realojos…pero hay prácticas inadecuadas, que alarman al conjunto de la sociedad cuando en resoluciones judiciales específicas no se han ponderado adecuadamente a la ley ni el derecho a la salud de las familias, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la infancia, para que se dé una tutela efectiva, atentando así, contra ellos.
Pedimos al gobierno central más determinación y diligencia en la aplicación de la moratoria cuando se cumple la condición de vulnerabilidad. En un debate donde se cuestionan los derechos fundamentales el deber motivador en una sentencia debe ser la protección de la familia, de los menores, de la salud y de la discapacidad, reforzándose por encima de la ley procesal. La pandemia obliga más que nunca a atender las garantías constitucionales y actuar con un adecuado juicio de proporcionalidad por el riesgo a la salud en el desalojo forzoso y en el realojo cuando existe el mismo.
Se ha concluido la acción cantando a coro la canción de la PAH que dice “ y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más” y señalando aquellas cuestiones dirigidas por carta al juez decano para que se cumpla con el decreto antidesahucios en toda la provincia, animando la participación en unas próximas jornadas organizadas por la PAH y AABI en septiembre sobre la planificación del derecho público a la vivienda y a la ciudad para así conocer mejor la realidad de las familias afectadas, reforzar el trabajo de estos colectivos y valorar los planes de vivienda no ejecutados en Jaén que nos llevarán a exigir al gobierno municipal viviendas sociales en régimen de alquiler barato. Se ha insistido en la necesidad de estos grupos que sostienen a las familias en momentos duros en el que se ayudan unos a otros a mirar adelante.