El Tribunal Contencioso Administrativo nº 2 de Jaén ha dado la razón en primera instancia al Ayuntamiento de Alcalá la Real sobre el caso Aquasip, evitando que tenga que indemnizar a dicha empresa con la cantidad de 249.116,16€, más los intereses de demora y las correspondientes costas judiciales, por la explotación de la piscina y de la barra de El Silo en Alcalá.
Los hechos se remontan al verano del 2005 cuando la empresa Aquasip accedió a la explotación de la piscina municipal "acometiendo entre 2007 y 2008 una reforma de las instalaciones contiguas dedicadas a restaurante, para lo que no consta licencia de obra, ni proyecto, ni trámite de calificación ambiental, ni licencia de actividad y a partir de 2011 comienzó a acumular una deuda por impago al Ayuntamiento cercana a los 100.000€.
Tras salir a la luz está situación en mayo de 2018, en el mes de noviembre el equipo de gobierno anterior rescindió el contrato con la empresa en Junta de Gobierno Local y encargó un informe a Oficina Técnica de valoración de las obras ejecutadas en dicho local, cifrándolas en 229.052,84€ con el fin de proceder a su compensación, una cantidad que se vio incrementada en 10.732€ más, tras interponer la empresa un recurso de reposición a dicho acuerdo de la Junta de Gobierno.
El alcalde del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Marino Aguilera, ha detallado que a su llegada a la Alcaldía se encontró con que “el expediente se encontraba segregado en varias áreas municipales, que los documentos están sin foliar, sin orden cronológico ni numeración, que faltan documentos a los que se hace referencia en informes, como el expediente de legalización de obras, al que se hace alusión pero está desaparecido”.
En julio de 2021 Aquasip presentó escrito en el Ayuntamiento solicitando la liquidación del contrato, “a lo que respondemos solicitando a la empresa que se nos facilite la documentación que falta y la licencia de obras, que no consta en este Ayuntamiento”, ha apostillado Aguilera.
En noviembre de ese mismo año, Aquasip interpuso un recurso contencioso administrativo solicitando la liquidación del contrato, más los intereses de demora y las correspondientes costas judiciales, "una cantidad que puede oscilar los 300.000€".
La defensa del Consistorio se ha basado en solicitar la inadmisión de la demanda, al pedir Aquasip una nueva liquidación, así como en exponer la renuncia del contratista efectuada al reintegro de cualquier inversión que efectuase, como hace constar por escrito al acceder a la licitación en 2005.
Además, la obra acometida en las instalaciones en los años 2007 y 2008 no estaba prevista ni recogida en el pliego y carece de autorización municipal y licencia de actividad.
Igualmente, existe un informe del Interventor municipal contrario a la compensación, por estar el contrato vencido. La empresa, no obstante, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la sentencia.
“Hablamos de unas obras que han carecido de autorización municipal, que no cuentan con proyecto registrado en el Ayuntamiento, se han ejecutado sin trámite de calificación ambiental, sin licencia de actividad, lo que nos parece un hecho muy grave por estar en una instalación municipal”
El primer edil ha añadido que “con este respaldo de la Justicia al Ayuntamiento, damos un paso importante en la defensa de los intereses generales de los alcalaínos y esperamos que el TSJ reafirme la sentencia”.