El municipio de Segura de la Sierra ha acogido la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas en la que, entre otros asuntos, se ha abordado el proceso de elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del parque, además de otros documentos como la memoria de actividades del pasado ejercicio, el programa de objetivos de cara al próximo año y el informe sobre el incendio de Segura de la Sierra en el mes de agosto.
Con respecto a la elaboración del nuevo PDS, el delegado territorial de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega, ha recordado los encuentros de trabajo puestos en marcha por la Consejería durante los últimos meses con el objetivo de hacer extensiva la mayor participación de administraciones y agentes económicos y sociales que operan en el parque. “Perseguimos que instituciones, empresarios, asociaciones y ciudadanos aborden conjuntamente los retos a los que se enfrenta este espacio natural, aportando las medidas que crean necesarias para su desarrollo social y económico e implicándose activamente en ellas”, ha indicado Ortega.
El delegado también ha destacado la inversión durante 2016 de cerca de tres millones de euros en la gestión forestal, la geodiversidad y biodiversidad, la protección ambiental y el uso público del Parque según se recoge en la memoria anual que ha sido aprobada por los miembros de la Junta Rectora. “Son actuaciones primordiales para lograr, entre otros objetivos, el buen aprovechamiento de los montes públicos y fomentar su desarrollo natural y turístico para el disfrute de todos los visitantes”, ha destacado Ortega.
Con respecto a los objetivos planteados para 2018, la Junta Rectora ha tratado la aplicación en este próximo año del nuevo plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta. La nueva planificación del parque natural da continuidad a la vigente desde 1999 con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que establece las normas para compatibilizar la preservación de los valores ecológicos con los usos y aprovechamientos, a través de un régimen de intervención administrativa, e incorpora las exigencias específicas derivadas de la inclusión del espacio en la Red Natura 2000. Su vigencia es indefinida y con evaluación cada seis años.