La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Pública, Raquel Morales, espera poder abonar en breve los honorarios a los colegios de abogados y procuradores de Jaén en concepto de Justicia Gratuita correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, después de que la Intervención haya puesto reparos al modo en el que se ejecutaba estos pagos y que permitieron reducir a la mitad los plazos -que se acortaron de 90 a 45 días al final de la pasada legislatura-. Desde la Consejería de Justicia ya se ha propuesto a los colegios profesionales abordar un cambio en el Reglamento que permita agilizar estos trámites y los plazos de pago.
Raquel Morales y el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, se reunieron hace siete días (el pasado 20 de marzo) con el el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, y con el diputado del Turno de Oficio, Julián del Moral, para analizar la situación de la Justicia Gratuita en la provincia y para explicar la modificación del reglamento que pretende evitar los retrasos que han sufrido los letrados del turno de oficio jiennense durante los últimos años.
La nueva Interventora de la Consejería ha revisado los criterios con los que el anterior Gobierno hacía el pago de la Justicia Gratuita y ha desaprobado el modo en el que se realizaba, al considerar que el mismo no se ajustaba a lo que marca el Reglamento. El último pago se hizo en 45 días, es decir, en la mitad de tiempo y, según la Intervención, incumplía la citada norma, por lo que las guardias y el Turno de Oficio del cuarto trimestre de 2018 está pendiente de la aprobación por parte de este órgano fiscalizador.
“El anterior Gobierno redujo el pago a 45 días porque en este plazo abonaba aquellas certificaciones que no tenían ningún reparo y estaban debidamente justificadas”, señala la delegada de Justicia, Regeneración, Turismo y Administración Local. De esta forma, quedaban pendientes de ser abonadas en un segundo plazo aquellas liquidaciones que requerían de aclaraciones y que, por tanto, tras el pertinente periodo de alegaciones que tienen los abogados y procuradores su pago se demoraba a 90 días.