La Junta de Andalucía destina, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 34 millones de euros para la financiación de un total de 2.483 plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad. Esta mañana se ha celebrado el acto de la firma para la prórroga de los convenios y contratos suscritos entre la Junta de Andalucía y entidades locales y sociales en el ámbito de la atención residencial, en el que ha participado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega.
“Esta iniciativa deja constancia del compromiso del Gobierno andaluz con la mejora en la calidad de vida de la población andaluza y, más concretamente, con la mejora en la calidad de vida de grupos de población específicos como son el de personas mayores y de personas con discapacidad en situación de dependencia”, ha destacado la delegada territorial de Políticas Sociales.
En este sentido, Teresa Vega ha subrayado que “la atención a las personas mayores y personas con discapacidad requiere una respuesta firme y adecuada para que estas personas dependientes obtengan apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.
Asimismo, la delegada de Políticas Sociales ha remarcado que en 2018 el Gobierno andaluz va a financiar un total de 2.483 plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad. “De estas, 551 plazas están destinadas a la atención de personas con discapacidad, mientras que 1.932 plazas son para personas mayores”, ha indicado.
Por último, Vega ha resaltado que “se trata de una firma de renovación de plazas residenciales para personas con discapacidad y personas mayores en la que participan 59 entidades locales y entidades sociales con las que firman un total de 79 conciertos”.
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado durante la celebración del acto que la aplicación de la Ley de la Dependencia es un tema primordial para el Gobierno andaluz. “Tan primordial que en estos momentos obliga al Gobierno andaluz a aportar el 82 por ciento de los recursos que se destinan al mantenimiento de este pilar del Estado del bienestar, mientras que el Gobierno central sólo destina el 18 por ciento del 50 por ciento al que está obligado por ley”, ha apuntado.