La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, ha destacado la importante creación de empleo estable que genera la aplicación de la Ley de la Dependencia en el mundo rural. “La puesta en marcha de programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio o la atención residencial ha permito mejorar la calidad asistencial a nuestras personas mayores y, también, generar puestos de trabajo estables en el mundo rural de los que se benefician principalmente las mujeres”, ha señalado.
En este sentido, Teresa Vega, ha subrayado durante los actos de celebración del décimo aniversario del Centro Residencial de Mayores 'Aura Sorihuela' de Sorihuela del Guadalimar el importante esfuerzo que realiza el Gobierno andaluz para la aplicación de una ley que debería contar con una financiación del 50 por ciento por parte del Gobierno central y que, por el contrario, apenas financia 18 de cada 100 euros. “Esta actitud negativa del Gobierno central contrasta con la apuesta de la Junta de Andalucía en la aplicación de la Ley de la Dependencia para la que ha aumentado el presupuesto en 2018 en un 2,5 por ciento”, ha resaltado.
Asimismo, la delegada de Políticas Sociales ha apuntado que esta apuesta por la Ley de la Dependencia se ha reforzado con la nueva Ley de Servicios Sociales a través de la que se consolida y blinda, aún más, el sistema público de prestaciones. “Con esta norma, Andalucía se sitúa a la cabeza en unas prestaciones y servicios que todas las personas, sin excepción, pueden necesitar en algún momento de su vida. La nueva ley blinda las prestaciones básicas y universaliza los servicios sociales, que son la piedra angular del Estado del Bienestar, además de garantizar la titularidad y la gestión pública de los mismos”, ha remarcado.
Por último, Vega ha recordado que Andalucía es la única comunidad autónoma que financia de manera íntegra el refuerzo de persona adscrito a la dependencia, el personal que gestiona el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y el derecho de las prestaciones. “En los últimos diez años, el Gobierno andaluz ha destinado más de 150 millones de euros a la contratación de este personal administrativo, de la que se han beneficiado 400 profesionales, que desarrolla su labor en las diputaciones y ayuntamientos”, ha detallado.