Marifrán Carazo resalta que este convenio permitirá que “familias que llevaban años esperando para acceder a una vivienda puedan ahora, con las ayudas de la Consejería, integrarse en cooperativas e iniciar las obras de sus promociones”. Sólo en este programa se distribuirán 2,2 millones euros en subvenciones para construir viviendas protegidas en suelo residencial y, especialmente, en zonas rurales.
Marifrán Carazo ha resaltado que este programa es “un ejemplo claro del compromiso para hacer frente a la Andalucía vaciada”, ya que esta inversión anima a la población a asentarse en estos municipios que, en su mayoría, no superan los 5.000 habitantes. “La lucha contra la despoblación parte de iniciativas como esta, que intentan poner sobre la mesa facilidades para vivir en sus pueblos”, ha manifestado.
Este programa, que se integra dentro de las líneas estratégicas del nuevo plan de vivienda Plan Vive en Andalucía, se pone en marcha con diez iniciativas repartidas en cuatro provincias (Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla) con una inversión global de cerca de nueve millones de euros. La previsión es que, una vez firmado este acuerdo, las primeras viviendas puedan iniciar sus obras entre finales de año y principios de 2022.
Esta convocatoria subvenciona la construcción de viviendas protegidas por sus futuros propietarios, que se han agrupado agrupadas en cooperativas de viviendas. Para ello, podían concurrir a las ayudas en régimen de autoconstrucción, que implicaba la aportación de trabajo personal en la ejecución de la obra; o bien en régimen de autopromoción, es decir, las cooperativas ejecutan las obras pero sin que los socios formen parte de la mano de obra.
Los ayuntamientos, entidades locales o promotores públicos interesados ceden de forma gratuita a las cooperativas de viviendas, la propiedad o el derecho de superficie del suelo o edificio para su rehabilitación, sobre el que se llevará a cabo la promoción, y asumirán los impuestos, tasas y gravámenes y arbitrios que graven la misma, así como el estudio geotécnico. Asimismo, gestionan las solicitudes y asumen la gestión administrativa, económica y técnica de la obra y el trabajo social de apoyo.