La Guardia Civil, en el marco de la operación “Sado Anemonia”, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Jaén, ha procedido a la investigación de un varón de 61 años de edad, como presunto autor de los delitos de falsedad documental y contra la salud pública.
La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano, que detectó irregularidades en el etiquetado de ortiguillas servidas en un establecimiento de restauración en la capital jiennense. A raíz de esta denuncia, los agentes realizaron una inspección en el local, donde se recabó documentación relativa a la adquisición del producto, por tratarse de un tipo de anémona de mar (Anemonia sulcata) cuya extracción está estrictamente regulada y prohibida en algunas zonas.
Las gestiones practicadas permitieron rastrear el origen de las ortiguillas, que procedían de una empresa mayorista de productos pesqueros con sede en la provincia de Sevilla. En coordinación con inspectores de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se llevaron a cabo inspecciones en dicha empresa, así como en otras de intermediarios comerciales situadas en las provincias de Málaga y Jaén, con el objetivo de verificar la trazabilidad del producto.
Durante el análisis de la documentación, los agentes detectaron alteraciones en facturas y albaranes, correspondientes a diversos lotes de ortiguillas adquiridas por la empresa mayorista, supuestamente procedentes de capturas en aguas portuguesas por un pescador autorizado. Sin embargo, mediante la colaboración de las autoridades portuguesas, se pudo acreditar que no fueron realizadas las capturas en las fechas reflejadas en los documentos aportados.
Se ha podido determinar que la empresa mayorista expidió documentos falsificados con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las transacciones, a sabiendas de la procedencia ilícita del producto, estimándose que 85 kilogramos de ortiguillas han sido comercializados fraudulentamente, con un valor aproximado en el mercado de 8.500 euros.
Presumiblemente, habrían sido extraídas ilegalmente del litoral andaluz, donde su captura está prohibida desde 2023, debido a la crítica situación de sus poblaciones, no habiendo sido sometida a los controles sanitarios exigidos, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
A demás, durante la inspección, los agentes intervinieron un total de 626 kilogramos de productos pesqueros sin etiquetado o con fechas de caducidad cumplidas, carentes de trazabilidad. Estos productos fueron declarados no aptos para el consumo humano y destruidos conforme a la normativa vigente.
Se han formulado diversas denuncias por infracciones administrativas a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como en materia de Defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Jaén.