En pleno auge de la sexta ola de la pandemia de la COVID-19 e inmersos ya en la época navideña, el Colegio Oficial de Médicos de Jaén se adhiere al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) que a través de la Comisión Asesora COVID19, alerta de la gravedad de esta nueva ola de la pandemia para evitar la quiebra del Sistema Nacional de Salud y de los profesionales que lo sostienen.
Este documento, elaborado por más de treinta expertos, resalta la necesidad de adoptar nuevas medidas de salud pública para evitar que la menor gravedad de los casos en la población vacunada trivialice el daño en la salud y el bienestar que se está produciendo.
Las administraciones y sus responsables deben de tomar conciencia del profundo malestar, desánimo y agotamiento de médicos y otros profesionales sanitarios. Es urgente revitalizar el contrato social implícito con las profesiones, con incrementos de recursos materiales y humanos, abordaje de las reformas siempre pospuestas y rectificando el maltrato con reducción de la temporalidad y mejoras de la calidad de empleo en el SNS. La fatiga política pandémica y el auge de conductas inapropiadas e irracionales que producen mucha desmoralización en los profesionales son otros factores que complican el abordaje de la pandemia.
Hace un año sufríamos los efectos de una pandemia grave y mortal; con las vacunas la morbimortalidad se ha reducido, pero no la gravedad de la situación. El incremento de la incidencia está colapsando la Atención Primaria y los servicios de Urgencia y desbordando la capacidad de diagnosticar casos y rastrear contactos. Aunque las tasas de hospitalización e ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos son bajas, cuando se aplican a un amplio número de enfermos, acaban saturando los hospitales y obligando a detener la asistencia a pacientes no-Covid, provocando daños indirectos que pueden ser muy importantes.
Contar con recursos diagnósticos siempre ha sido fundamental para la lucha contra la pandemia; pero han de ser un instrumento al servicio de una racionalidad clínica y de salud pública, no son una medida que por sí misma reduzcan la incidencia.
Se ha trasladado un relato del fin de la pandemia que está siendo muy perjudicial para que la ciudadanía asuma la situación actual: inmunizar y alcanzar el porcentaje necesario para conseguir la deseada “inmunidad de rebaño” no acaba con la pandemia, aunque mitiga sus efectos en la salud. Pese a que desde el ámbito científico y profesional se insistía en que las vacunas no tenían un efecto esterilizante, y que los inmunizados podrían trasmitir la enfermedad, los mensajes desde las instituciones, amplificados en algunos casos por los medios de comunicación, hacían concebir esperanzas de volver a la normalidad a través de la vacunación.
Existe una enorme desilusión colectiva que genera una hostilidad creciente. Los responsables políticos e institucionales buscan formas de eludir la carga de responsabilidad y temen implantar medidas que contrarien o enfaden más a los ciudadanos-votantes.
Afloran comportamientos irresponsables en grupos y personas, que incumpliendo de forma visible las normas de protección exhiben esas transgresiones como manifestación de protesta y rebeldía. El mensaje de que “ómicron mata mucho menos” ha ayudado a alimentar en población juvenil estas conductas inapropiadas.
Las medidas que se centran en castigar los comportamientos indeseables con vacunación obligatoria o pasaporte COVID deben ser analizadas en su contexto; si se abordan como un castigo social pueden ser ineficientes y desencadenar costes y efectos adversos. Con altas tasas de vacunación, y una variante COVID que pueden trasmitir los inmunizados, exigir un pasaporte no garantiza el control de la transmisión en locales cerrados y puede dar una falsa seguridad que relaje la protección. Exigir el uso de mascarillas en exteriores tiene una efectividad mínima por sí misma, aunque pueda alentar indirectamente su uso en interiores, terrazas y aglomeraciones.