La Delegación territorial de Salud y Consumo ha celebrado la Comisión provincial de Violencia de Género para incorporar personal a los distintos grupos de trabajo desde las comisiones interdisciplinares de las diferentes áreas sanitarias y, además de la delegación de territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, junto a personal de Salud Mental.
La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, que ha presidido esta reunión, ha indicado que entre las funciones de las Comisiones Provinciales de Salud está la de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, difundir los recursos existentes de la provincia a los profesionales para su conocimiento, velar por la mejora de la calidad de los contenidos de los partes de lesiones emitidos, detectar los puntos débiles del abordaje integral de la violencia de género en su ámbito para establecer elementos de mejora, diseñar, presentar e impulsar cuantas propuestas de desarrollo y mejora se propongan en lo que a la violencia de género se refiere, proponer cualquier otra función que se estime oportuna, consensuada desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la representación institucional en las Comisiones Intersectoriales o Interinstitucionales a nivel provincial.
Elena González ha indicado que el Estatuto de Autonomía asume un fuerte compromiso en la erradicación de la violencia de género y en la protección integral a las mujeres, al establecer, en su artículo 16, que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
Por ello, además la Ley 7/2018, de 30 de julio responde al desarrollo específico de las estrategias contra la violencia de género, y constituyen el reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su protección y atención. En ellas se indica que serán objeto de la misma la adopción de las medidas para la erradicación de la violencia de género que resulten necesarias y entre sus principios rectores están desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo con modelos de intervención globales y promover la cooperación y la participación de las entidades, instituciones, asociaciones y agentes sociales.