La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, ha iniciado un procedimiento administrativo de deslinde de un tramo de la muralla de Andújar de propiedades privadas anexas, en concreto, unas cocheras. El objetivo es delimitar jurídicamente la propiedad pública de la construcción defensiva catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), incluyendo sus dos torreones. La delimitación supone un paso previo indispensable para el impulso de cualquier intervención por parte de la Junta de Andalucía en dicho tramo de muralla, situado en la calle Luis Vives del municipio.
El expediente administrativo pretende salvar los defectos de forma que llevaron a la anulación de un anterior procedimiento. La sentencia de fecha 8 de junio de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, anuló un procedimiento similar por apreciarse la concurrencia de defectos procedimentales.
La tramitación del nuevo procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses. Con fecha 17 de febrero de 2021 se ha procedido a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Acuerdo de 10 de febrero de 2021 de la Dirección General de Patrimonio, por el que se inicia expediente administrativo de deslinde, concediéndose un plazo de un mes para la aportación de documentación y alegaciones que se estimen oportunos.
“Es fundamental delimitar la propiedad pública de este bien patrimonial singular que forma parte de la historia e identidad del municipio de Andújar. Desde la Consejería pretendemos con este expediente seguir avanzando en la conservación y puesta en valor de la muralla de Andújar, que es única en el Alto Guadalquivir y, por tanto, supone un referente para Andalucía”, señala Jesús Estrella.
El Consejo de Gobierno acordó en abril de 2020 tramitar por vía de urgencia las actuaciones de conservación y consolidación de la muralla de Andújar, recinto defensivo construido por los almohades entre finales del siglo XII e inicios del XIII.
La intervención sirvió para conservar el recinto casi único entre las fortalezas existentes en el Alto Guadalquivir. En concreto, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico acometió las obras de restauración de la muralla en el mismo tramo de la calle Luis Vives que ahora es objeto del expediente de deslinde. Dicho tramo estaba afectado por una intervención errónea de hace dos décadas cuando las torres y la parte inferior del lienzo fueron reforzados por paramentos de ladrillo.
Con el paso del tiempo, los ladrillos habían comenzado a desprenderse arrastrando parte del núcleo interno del tapial, apareciendo grietas y huecos que provocan la disgregación del tapial original en grandes superficies. Las obras de emergencia tuvieron un presupuesto de 53.235,80 euros.