Hacer política, el editorial de Javier Pereda


El inquietante procés independentista de Cataluña fue inicialmente aplacado con la oportuna y necesaria declaración institucional del Rey. A la vez, la actuación de los distintos jueces y los fiscales están contribuyendo, con la lenta maquinaria de la justicia, a restablecer el orden constitucional. A esto habría que añadir el valiente despertar de la mayoría silenciosa de la sociedad civil, dentro y fuera de Cataluña, que sigue en vilo las vicisitudes diarias. Aunque estos aspectos están siendo decisivos para hacer frente al ilegal independentismo, la puntilla ha sido el éxodo de empresas que están abandonado el irredento territorio de origen, porque, ante la falta de seguridad jurídica, los fondos de inversión huyen despavoridos. Que más de ochocientas empresas, muchas de tradición multisecular en la región, trasladen su domicilio social fuera de esta autonomía, además de ser una tragedia para la economía, supone un mensaje inequívoco a los promotores de este desvarío. Pero además, se precisa hacer política sin apaños ni componendas; es decir, la gestión de la crisis más importante de estos últimos cuarenta años por parte de los partidos constitucionalistas, bajo el liderazgo del presidente del Gobierno. Después del intercambio de requerimientos mediante burofax –con la encomiable intención de una negociación dentro del marco legal–, la respuesta del presidente de la Generalitat no deja otra alternativa al Gobierno que aplicar el artículo 155 de la Constitución. El inquilino de la Moncloa ha hecho todo lo posible para evitar ese gravoso y complejo trámite, hasta ahora inédito, que admite distintas formas e intensidad de aplicación. Es más, se ha evidenciado en los responsables del gobierno sentirse enormemente abrumados por la responsabilidad del trámite, de ahí la tardanza en adoptar medidas, a la hora de afrontar esta delicada cuestión que afecta a la convivencia de los españoles. Los términos sobre la peculiar declaración unilateral de independencia a la eslovena, suspendida acto seguido, y que ahora amenaza Puigdemont con votar en el Parlament, resultan meridianamente claros. Pero durante este tiempo se ha estado negociando entre las partes para intentar detener esta extravagante porfía. Así, se ha manejado la posibilidad de que un adelanto electoral autonómico podría ser una digna salida a los impulsores del golpe de estado, para restablecer la normalidad institucional democrática, siempre que no fueran unas elecciones constituyentes. Sin embargo, otros piensan que sería desaconsejable ahora unas elecciones de esta naturaleza, después de los ánimos tan exacerbados de las últimas semanas, con una sociedad soliviantada, cuyo odio alimentan los medios secesionistas de comunicación y del “agitprop”; sus cabecillas están en prisión preventiva por méritos propios. Se ha hablado en estas negociaciones privadas hasta de una amnistía progresiva pese a tanta actividad delictiva. Acertar para encontrar la solución más idónea ante esta compleja situación no es tarea sencilla, requiere temple, no equivocarse –como con la gestión del referéndum– y dejar de ufanarse y dar la imagen de que se tiene un plan, cuando en realidad éste consistía en no hacer nada, en dejar pasar el tiempo hasta lograr la rendición por agotamiento de los rebeldes, ante el asedio de la presión judicial y el deterioro económico por la huida de empresas. La intervención –que no suspensión– del autogobierno de Cataluña, imprescindible hasta restablecer la legalidad constitucional, tendría que acometer durante un tiempo prudencial –antes de la celebración de elecciones– la situación del Parlament, los Mozos de Escuadra, los medios de comunicación y la educación. Esta profunda crisis institucional en Cataluña, puede ser una oportunidad única para restaurar el orden constitucional y restañar, de una vez por todas, las heridas producidas por las ensoñaciones históricas de esta utopía supremacista. Transigir con los golpistas para exonerarlos de sus responsabilidades, o incurrir en la tramposa negociación de reformar la Constitución ad hoc para hacer más tarde factible el secesionismo, sería un error imperdonable. Esta es la responsabilidad histórica que nos toca resolver a los españoles.





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