El Ayuntamiento elevó consultas a este órganos después de que, en la sesión del 30 de julio de 2020, la Corporación Municipal aprobada en pleno la nulidad de la relación contractual. Una vez solventado este trámite se sacará a licitación este servicio para, de esta forma, garantizar que la adjudicación se realice “conforme a los criterios de transparencia exigidos” y con la concurrencia de todas las empresas interesadas.
Mientras tanto, las escuelas infantiles municipales continuarán con su actividad normal, tal y como ha confirmado la concejala, ya que, como ha dicho, la legislación prevé que, en sus palabras, “que si la nulidad del contrato supone un grave trastorno al servicio público, en el mismo acuerdo se dispone la continuación de este” mientras se resuelve el proceso de contratación de la nueva sociedad prestataria. “Garantizamos a los padres y madres que pueden estar tranquilos, puesto que esta atención está más que asegurada”, ha insistido.
Díaz ha puesto en contexto el paso dado por el Patronato de Asuntos Sociales y ha aclarado que el servicio se presta en estos centros por la empresa desde 1983. Desde ese momento la sociedad se acogió a distintas prórrogas según marcaba la legislación vigente. Sin embargo, en la última de ellas, la de 2008, según consta en el informe emitido por la Secretaría, no se ajusta a lo marcado por la normativa del momento. Del mismo modo, el documento oficial destaca que con el paso del tiempo la prestación se hacía más como un contrato de gestión de servicios que de servicios, modalidad no permitida de acuerdo con la legislación.
Esta situación ya llevó al anterior equipo de gobierno a intentar un cambio en las condiciones del contrato que regulaba la prestación del servicio en estas dos escuelas infantiles, razón por la que ahora se intenta la nulidad por la vía de la revisión del acuerdo de 2008 que se someterá además a dictamen del Consejo Consultivo.
Junto a ello, la edil destaca que otra de las razones por las que el Ayuntamiento considera que procede la nulidad son las condiciones económicas del contrato. Se da la circunstancia de que las plazas ocupadas en estas dos guarderías se sufragan al 50% por la Junta de Andalucía y la aportación de las familias mientras que el Ayuntamiento paga a la empresa por el resto de plazas no ocupadas a razón de unos 255 euros al mes por cada una de ellas.
Si tenemos en cuenta que la última media de ocupación en Fuentezuelas (107 plazas) fue del 50% y en Cervantes (100 plazas) del 40% esto significa que el Ayuntamiento tiene que aportar anualmente unos 300.000 euros para sostener plazas sin ocupar y profesorado sin carga escolar, unas condiciones que no se aplican a la gestión de las otras dos guarderías municipales. Por ello, la concejala de Políticas Sociales destaca que el objetivo, en caso de obtener la nulidad es el de poder acometer una licitación mucho más equilibrada y lógica, de tal manera que las empresas gestionen y atraigan sus recursos para mantener en funcionamiento estas guarderías con criterios de eficiencia y racionalidad en el apoyo y el gasto de las administraciones públicas.