El Tte. alcalde y concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ha instado a la Junta de Andalucía “que vuelva a la senda del acuerdo alcanzado en mayo sobre el sistema tranviario de Jaén, que respete lo señalado en el informe definitivo del Tribunal de Cuentas y que además sea un acuerdo sostenible económicamente para este Ayuntamiento”.
Bonilla ha insistido en que desde el Ayuntamiento “no renunciamos a que el tranvía se ponga en marcha” pues este acuerdo fue suscrito con la Junta y se aprobó en el consejo de Gobierno la declaración de carácter metropolitano”.
Por tanto ha pedido a la Junta “que cumpla con lo acordado porque entendemos que dicho acuerdo sí lo podría asumir el Ayuntamiento”.
Bonilla explicó que desde el consistorio “se puso encima de la mesa la necesidad de que la Agencia Tributaria Andaluza devolviera los recargos de apremio por el cobro de unas facturas de los vagones que no tenían la consideración de ingresos de derecho público, y así lo señaló el informe definitivo de fiscalización del Tribunal de Cuentas”.
Además ha expuesto que desde el Ayuntamiento “también solicitamos a la Junta (tal y como señala la Intervención municipal con el reparo de las facturas de los vagones del tranvía) que no se nos podía cobrar un coste financiero que se calcula 4,4 millones (IVA incluido) de unos vagones que la Junta no ha tenido que pagar porque no ejerció la opción de compra y esta actuación también se reconoce así en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas”.
Por último, Bonilla ha aclarado que “también planteamos que se incluyan los costes de adquisición del material de transporte que se va a utilizar, tal y como ocurre en cualquier concesionaria del transporte público urbano de autobuses, o del servicio de taxis”.
Manuel Bonilla ha subrayado que el Ayuntamiento “no ha pagado nunca de manera voluntaria ninguna factura del sistema tranviario. Todas han sido descontadas de la PATRICA, además con un recargo del 20 por ciento que el propio Tribunal de Cuentas ha señalado como improcedente, o de otros ingresos previa compensación”.
Además ha insistido en que la legislación del Estado “nos obliga, por el principio de estabilidad presupuestaria, a que cualquier nuevo servicio que se preste, no empeore la situación del Ayuntamiento desde el punto de vista económico”.