El Ayuntamiento de Jaén estudia remitir a Fiscalía la sentencia del traslado del Hípico, ya que se trata de un hecho muy grave que supone un importante perjuicio para las arcas municipales, y porque la sentencia señala que hay que depurar responsabilidades personales por ese caso si hubiere irregularidades por parte de los responsables municipales que lo firmaron.
El Ayuntamiento procedió a llevar a cabo diversas actuaciones en el ámbito judicial, concretamente interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia Andalucía por lo que fue una medida tomada por el gobierno de PSOE e IU en relación al caso del Hípico.
El Ayuntamiento se encontró con una sentencia judicial de un proceso del mandato 2007-2011 (PSOE e IU) y que suponía que los jienenses tendrían que pagar cuatro millones de euros. Se procedió a presentar un recurso de apelación por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que se formuló ante el TSJA.
El Ayuntamiento consideró presentar este recurso ante el TSJA tras estudiar los informes y convenios que había en torno a esta operación para el desalojo del Club Hípico, que se llevó a cabo por un decreto expropiatorio que hizo el gobierno de PSOE e IU el 22 de julio de 2009 y que carecía de la firma del técnico municipal, del asesor jurídico, del funcionario competente, del secretario general y que se inició únicamente con un decreto de los entonces responsables municipales.
El 5 de enero de 2010 la Gerencia de Urbanismo pidió un informe al interventor para saber si había consignación presupuestaria para llevar a cabo la expropiación de los terrenos donde estaba el Club Hípico. En este documento queda plasmado que no había crédito, y por tanto se emite un informe de financiación negativo.
A pesar de contar con estos informes negativos, se firmó por parte de los entonces responsables municipales un decreto sin contar con ningún órgano consultivo para sacar adelante estas expropiaciones que han dejado en el Ayuntamiento una deuda de 4 millones de euros.
El Juzgado señala en la sentencia que se cumpla el convenio que el equipo de Gobierno de PSOE e IU firmó entre las partes, a pesar del grave perjuicio económico que supone para el Ayuntamiento, porque el propietario de los terrenos tiene firmado un convenio y por lo tanto lo hace valer. Incluso la Notaría fue la que paralizó el proceso porque se negó a elevar a público estos acuerdos, ya que tenían dudas al haberse aprobado con informes negativos de la intervención municipal y con reparos verbales del secretario, del jefe de planeamiento y del oficial mayor.
Pero esta sentencia a la misma vez indica que en caso de que hubiere algún tipo de irregularidades en este proceso, que se proceda a depurar responsabilidades personales a los entonces responsables municipales de PSOE e IU.