El acuerdo ha sido ratificado con los votos favorables del equipo de Gobierno, la abstención de Unidas Podemos por Jaén y Vox y ha contado con los votos negativos de PP y los concejales no adscritos, a favor con ello de que Castillo siga sin liquidar su relación con la ciudad y que no se pueda recuperar el patrimonio municipal que corresponde al Ayuntamiento con esta liquidación del anterior servicio.
El edil de Control de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, ha lamentado que el PP haya cambiado de opinión constantemente durante este proceso. “Nos pedía llegar a un acuerdo sin que se acudiera a los tribunales y ahora que lo alcanzamos votan en contra”, remarca. En este sentido, ha lamentado que para justificar ante la ciudadanía que sigan pretendiendo que la empresa Castillo mantenga viva su relación con la ciudad, hayan utilizado torticeramente las cifras del acuerdo.
“El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo de 3,8 millones, no de 8 como ha dicho la oposición, de los cuales solo asume 2,1 perfectamente medidos y calculados y el resto corre por cuenta de la nueva operadora que la asume con cargo a la tarifa técnica del servicio, que tampoco sube como han querido hacer ver”.
Del mismo modo, señala que el descontrol del PP y los no adscritos y su oposición de escasa consistencia se ha demostrado en la contradicción de sus votos. “Han dicho que no a este acuerdo para que la sombra de Castillo siga planeando sobre la ciudad pero han posibilitado con su abstención la modificación presupuestaria que habilita la partida económica para materializar el acuerdo”, detalla. Junto a ello, ha recordado que la prórroga que el PP firmó en 2005, aun siendo nula ha generado unos derechos a la empresa que legalmente debe disponer de ellos.
El edil ha manifestado que este acuerdo permite que en unos días el Ayuntamiento recupere 32 vehículos que le pertenecen y que de seguir por la vía judicial mantiene la empresa Castillo en sus cocheras. Del mismo modo, remarca que se ha pedido expresamente que se incluya una cláusula en el acuerdo que condiciona el pago a que los trabajadores cobren todos los atrasos que tienen pendientes de su anterior etapa, más de 200.000 euros. “Es una pena que a la oposición que vota en contra de esto no le preocupe la situación en la que estaban, mileuristas, haciendo tareas de todo tipo y a los que incluso se les ha anticipado en esta nueva etapa su nómina”. De ellos ha recordado que la empresa legalmente no tenía por qué haber asumido a los alrededor de 60 empleados porque solo reunían las condiciones de estabilidad que la ley marca para la subrogación.
El concejal ha señalado que es contradictorio que la oposición pida un servicio nuevo, limpio, con prestaciones eficientes para los usuarios y algunos de ellos voten en contra de este acuerdo que despeja finalmente el camino para eso”, indica. Lechuga ha lamentado que el PP, que no disponía de un sistema de control de la empresa ni un equipo técnico que controlase el servicio, que se ha materializado en este mandato, pretenda ahora esquivar su responsabilidad de las consecuencias de su gestión.