El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha anunciado que el Ayuntamiento está a la espera del pronunciamiento de la Junta de Andalucía con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la que se declara nula la orden de 3 de octubre de 2014 por la que se resuelve la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén capital.
El primer edil ha aclarado que la demandada en este caso es la administración autonómica, si bien ha aseverado que el Ayuntamiento “es el afectado y por tanto queremos que la Junta de Andalucía nos informe en qué términos viene la sentencia y en qué términos nos puede afectar para que podamos evaluar qué consecuencias puede tener para la ciudad de Jaén esta resolución”.
El Ayuntamiento tuvo conocimiento de esta sentencia el pasado martes 27 de febrero, mientras que la Junta de Andalucía tenía la notificación de dicha sentencia desde el 31 de enero.
Javier Márquez ha concretado que los planes generales de ordenación urbana son unos documentos que promueven los ayuntamientos pero que se tienen que regir por la normativa autonómica y en este sentido ha indicado que el PGOU de Jaén fue aprobado con todos los informes pertinentes el 3 de octubre de 2014 y, concretamente, el 24 de julio de 2014, la comisión territorial de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Jaén, en la que estuvo presente la delegada del Gobierno en Jaén, el director general de Urbanismo y el delegado de Ordenación del Territorio, entonces Julio Millán, aprobaron el PGOU “porque se ajustaba a la legalidad y a la ordenación de las leyes urbanísticas de Andalucía, es decir, que el Ayuntamiento ha hecho correctamente todo lo referente al PGOU porque de lo contrario la Junta de Andalucía no habría aprobado el documento urbanístico”.
Javier Márquez ha aclarado que” lo que el TSJA ha dicho es que esa legislación andaluza no se ajusta a las directivas europeas en materia medioambiental”, y por tanto “no es que el PGOU de Jaén no se adecue a la normativa autonómica, sino que las leyes en las que se ampara no son legales, por lo que se debe cambiar la legislación actual autonómica al contravenir la normativa de la UE”.