Los españoles se sienten cada vez más desprotegidos ante la posibilidad de que su vivienda sea okupada durante sus vacaciones, hasta el punto de que ha pasado a ser una de sus principales preocupaciones. Concretamente, según los datos que el Instituto Sondea ha recabado para Securitas Direct, el 92,6% de la población de Andalucía cree que es necesario endurecer las penas contra los okupas.
Este tipo de delito supone un grave problema para el que lo sufre, especialmente por la dificultad para exigir el abandono de la vivienda ocupada y por los tramites y procesos necesarios para ello. De hecho, el 91,8% de los encuestados considera que es necesario implementar una normativa que respalde el desalojo inmediato, para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación.
Así, 7 de cada 10 (69%) andaluces consideran que la principal acción que llevarían a cabo en caso de ocupación sería llamar a la policía, mientras que sólo un 34,8% seguiría los trámites legales. Cerca de un tercio intentaría echarlos por la fuerza (29%), y en un porcentaje similar, están los que contratarían a una empresa que los echara por la fuerza (28,2%). Sólo un 13% consideraría la opción de negociar con los okupas como válida.
En lo relativo a la prevención, para los habitantes de Andalucía el método más efectivo para evitar la ocupación de una vivienda es la alarma conectada a una central receptora (30,68%), seguido de la vigilancia privada (23,01%) y las puertas blindadas (19,18%). Con gran diferencia y en cuarto puesto se encuentran las rejas (8,77%), un perro que vigile la casa (7,95%), cerraduras electrónicas de puertas (5,48%) y las cámaras de vigilancia (4,93%).
Pese a la percepción perjudicial de la ocupación por parte de los andaluces y que 6 de cada 10 (59,18%) opinan que la ocupación de viviendas no está justificada nunca en ningún caso, hay un porcentaje que sí podría aceptarla. Un 40,82% piensan que la ocupación de una vivienda puede estar justificada en alguna circunstancia, especialmente si las casas son de bancos (20,55%) o si hay niños pequeños y no se tienen recursos (18,63%).
También defienden que está justificado para el 16,44% cuando las casas son de las administraciones públicas, para el 12,88% si las personas no tienen alternativa, para el 9,5% si las casas están vacías o desocupadas o si las casas son de promociones que no se han terminado (9,3%).
El estudio ha sido realizado sobre una muestra de más de 2.000 individuos residentes en España de entre 30 y 65 años de edad, seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas del padrón municipal de habitantes del INE 2018, en función del sexo, grupo de edad y Comunidad Autónoma.