La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a una pareja de empresarios de Quesada (Jaén), R.C.B. y J.N.Z., a 21 meses de cárcel y al pago de una multa de 1.440 euros casa uno por estafar con un curso de formación de la Junta de Andalucía. Se trata de un caso más de los encausados por el supuesto fraude de los cursos de formación que salió a la luz en el marco de la conocida como operación Edu.
Según se recoge en la sentencia facilitada desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los acusados, un matrimonio en el que él es trabajador laboral de la Junta de Andalucía y ella, peluquera, "actuaron de común acuerdo para conseguir la concesión de una subvención de cara a la realización de un curso de formación ocupacional de peluquería sin tener intención alguna de realizar el mismo" y lo hicieron a través de una comunidad de bienes que constituyeron para tal fin.
Los acusados captaron efectivamente a 15 alumnas desempleados que obtuvieron el oportuno certificado o diploma de superación del citado curso pero que "en modo alguno realizaron actividad formativa" ya que "no existió ningún tipo de información teórica ni práctica" y "lo realizado en el establecimiento de peluquería descrito era cualquier cosa menos un curso de formación".
La Junta de Andalucía les concedió una subvención en el año 2011 de 105.750 euros para realizar un curso de peluquería, sin compromiso de contratación. Dicho curso se impartió de febrero a noviembre de 2011.
Las irregularidades apuntadas desde Fiscalía iban desde la facturación a cargo de la subvención el alquiler del local cuando éste era de su propiedad; la factura por el alquiler de 15 ordenadores que las alumnas nunca vieron en la academia, hasta facturas por trabajos en el local que no constan como realizados.
Las alumnas llamadas a declarar como testigos confirmaron que allí no había ordenadores y que el único material que se les entregó fue una libreta, un bolígrafo y apuntes fotocopiados. No obstante sí que firmaron un documento donde aseguraban haber recibido numeroso material. Todos estos problemas detectados llevaron a la Junta de Andalucía a reducir el importe de la subvención concedida, que finalmente se quedó en 93.000 euros. Ahora, en la sentencia, en concepto de responsabilidad civil, se establece que los dos acusados deberán devolver a la Junta de Andalucía el importe íntegro de la subvención recibida más los intereses correspondientes.