Las diputaciones de Jaén, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla han reclamado al Gobierno central que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía –impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana– y que promueva lo antes posible una iniciativa legislativa que reforme este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de Haciendas Locales referentes a este tributo.
Así se ha acordado en el encuentro de trabajo que se ha celebrado en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y sus homólogos de Huelva, Ignacio Caraballo; Cádiz, Irene García; Córdoba, Antonio Ruiz; Granada, José Entrena; y Sevilla, Fernando Rodríguez-Villalobos y que forma parte de las reuniones periódicas que llevan a cabo estas seis administraciones provinciales andaluzas para tratar temas de interés común.
Los responsables de estas diputaciones provinciales han señalado que la modificación de la recaudación del impuesto de la plusvalía realizada por muchos ayuntamientos, que han bajado o suspendido su aplicación para no perjudicar a los contribuyentes, supone una pérdida de ingresos importante para los consistorios, lo que puede derivar en una merma de los servicios públicos a la ciudadanía. Por ello, han acordado reclamar al Gobierno central la compensación a los consistorios del cien por cien de las devoluciones que tengan que realizar por la resolución del Tribunal Constitucional ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró este tributo de forma indebida. También han solicitado al Ministerio de Hacienda que envíen una nota aclaratoria sobre el procedimiento que hay que seguir hasta la aprobación de la nueva ley.
Respecto a este asunto, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha señalado que “hay un diálogo y un principio de acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda. Lo único que queremos es que esta propuesta y este cumplimiento de sentencia por parte de los ayuntamientos vaya acompañado de un esfuerzo por parte del Gobierno de España para que los consistorios sigan percibiendo esos recursos para seguir prestando servicios e intentar que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan infraestructuras y servicios de calidad”.
En este sentido, Reyes ha remarcado que lo que las seis administraciones provinciales andaluzas reclaman al Gobierno central es que “resuelvan la merma en cuanto a los ingresos que va a haber en los ayuntamientos de este país si el impuesto de la plusvalía desaparece cumpliendo las resoluciones judiciales que hay en España” y que la suspensión de este tributo no se realice “como ocurrió con el de actividades económicas para determinadas empresas, a costa de las espaldas de las entidades locales, lo que ha supuesto menos recursos para seguir mejorando las infraestructuras y servicios de este país”.