La Guardia Civil ha dado por desarticulado un grupo organizado que se dedicaba presuntamente al tráfico de drogas, con puntos de venta en Los Villares, Torredonjimeno, Martos, Torredelcampo y Jaén. Han sido en la operación Jabillar, en la que se ha detenido a 28 personas acusadas de diversos ilícitos penales.
En concreto, los agentes han apreciado delitos contra la salud pública, amenazas, lesiones, extorsión, defraudación de fluido eléctrico, contra la seguridad vial, homicidio en grado de tentativa, asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Según ha informado el Instituto Armado, en enero de 2020 el magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén requirió de la Guardia Civil la investigación de unos hechos delictivos perpetrados en Los Villares que podían estar relacionados con una extorsión por impago de drogas.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial se hizo cargo de las pesquisas y estableció un plan operativo de respuesta a estas actividades delictivas para determinar el 'modus operandi'. Así, se averiguó que un grupo de jóvenes de la localidad, presuntamente, se encargaba de abastecer a los consumidores de cocaína, marihuana y polen de hachís a través lo que en su argot denominaban "un 24 horas".
Se trataba de un punto de venta de drogas al menudeo que estaba ubicado en una vivienda del municipio y que era atendido por su morador, también víctima del grupo criminal. Estaba sometido, "mediante constantes amenazas de muerte y agresiones, llegando incluso a llevarlo en un vehículo a las afueras de la población para agredirle físicamente atado a un olivo".
Los integrantes de este grupo ya habían sido investigados por el puesto de la Guardia Civil de Los Villares, que los había puesto a disposición judicial por estar relacionados con otros hechos violentos acontecidos en la localidad: amenazas con arma de fuego, extorsión, daños mediante incendio y contra la salud pública.
El grupo tenía los roles muy definidos: dos de los jóvenes eran los encargados de mantener el control sobre los extorsionados, controlar las ventas y el dinero recaudado. Para ello, ejercían violencia e intimidación, generando miedo sobre los jóvenes consumidores de estupefacientes que, temerosos de que les pudieran agredir, en algunos casos accedían a vender estupefacientes para pagar sus deudas, sin atreverse a denunciar los hechos.