La Policía Nacional ha desarticulado en Linares una organización presuntamente dedicada al empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. Han sido detenidas 17 personas y otras 26 más han sido identificadas y están pendientes de detención.
La denominada operación Gloria ha sido desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría linarense y comenzó hace unos siete meses "al observarse anomalías en el padrón municipal, concretamente, altas masivas en determinados domicilios, en cortos periodos de tiempo", según ha informado este martes en un nota el CNP.
La investigación ha permitido constatar la existencia de un entramado organizado que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular, principalmente de origen magrebí. Les ofrecían la posibilidad de empadronarse en viviendas de la localidad de Linares, sin residir en ellas, a cambio del pago de cantidades económicas superiores a 500 euros.
La red presentaba una estructura claramente definida: en la cúspide, se situaba un individuo de nacionalidad marroquí, que desempeñaba un papel central como intermediario en la tramitación de ciudadanos de su misma nacionalidad en situación irregular en España, a quienes ofrecía este servicio.
Este hombre también se encargaba de facilitar o localizar los inmuebles necesarios para formalizar los empadronamientos y de percibir las cantidades económicas acordadas. De igual modo, coordinaba a un grupo de colaboradores que acompañaban a los ciudadanos inmigrantes, durante la realización de los trámites administrativos, incluyendo su asistencia a oficinas municipales y el asesoramiento posterior necesario para la correcta realización del proceso.
En el marco de la investigación, se han analizado empadronamientos correspondientes a múltiples inmuebles, en los que se han detectado altas simultáneas o sucesivas, en intervalos de tiempo muy reducidos. Como "dato especialmente significativo", los agentes han localizado viviendas de aproximadamente 80 metros cuadrados, en las que figuraban empadronadas hasta 21 personas, además de sus moradores reales.
"Este hecho evidencia el carácter ficticio de las inscripciones, y la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para la actividad fraudulenta", ha señalado la Policía Nacional.
Estos domicilios, eran facilitados por personas que residían en régimen de alquiler, quienes autorizaban la inscripción de los interesados en el padrón municipal a sabiendas de que no residirían en las viviendas, percibiendo a cambio una compensación económica.