Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación 'Encofrador' ha permitido intervenir en esta academia de Jaén 244 diplomas de la rama de la construcción supuestamente falsificados, otros 1.500 diplomas vírgenes con la marca de agua de la academia dispuestos para ser impresos, así como 1.630 diplomas o certificados de cursos de formación ya redactados sin que supuestamente el gerente de la empresa pudiera acreditar que los cursos se hubiesen impartido de forma presencial y conforme a la normativa específica. Además, se han localizado sellos, material informático y diversa documentación que se están analizando.
La operación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil del intento de homologar en la Fundación Laboral de la Construcción diplomas y certificados que acreditaban la realización de un curso de encofrador impartidos supuestamente por una academia de formación de Puente Genil (Córdoba). Las primeras investigaciones permitieron comprobar que en dicha academia no se había realizado ningún curso de encofrador ni habían tenido como alumnos a las personas que figuraban en los diplomas.
Además los agentes lograron averiguar que estos diplomas habían sido confeccionados por una academia de formación con sede en la provincia de Jaén, que los había remitido a la empresa constructora que había solicitado ante la Fundación Laboral de la Construcción su homologación. Tras más de dos años de investigación, la Guardia Civil ha podido constatar la existencia de una academia de formación, ubicada en la provincia de Jaén, dedicada supuestamente a falsificar diplomas y certificados para acreditar la realización de cursos de formación.
Según la investigación, la academia investigada ha podido emitir unos 2.300 diplomas de certificación profesional fraudulentos de todo tipo (riesgos laborales de la construcción, sanidad, minería o conducción de mercancías peligrosas y vehículos de grandes dimensiones) a unos 1.300 trabajadores de más de 50 empresas nacionales, mientras que el montante estafado podría alcanzar los 300.000 euros.
Según la Guardia Civil, el gerente de la academia de formación investigada, ayudándose de una de sus trabajadoras, supuestamente ofrecía y publicitaba a empresas de distintos sectores y bajo pago de entre 40 y 240 euros por título y trabajador, certificados fraudulentos a nombre de sus empleados, sin que éstos asistieran presencialmente a ningún tipo de formación. De esta manera podían obtener la certificación de formación en riesgos laborales requerida para poder ejercer trabajos en su mayoría de construcción.
La investigación ha acreditado igualmente que los cursos, que debían ser presenciales, nunca se llegaban a realizar, ya que la academia investigada fabricaba los diplomas de forma propia y casera, emitiéndolos a los trabajadores sin que éstos cursaran presencialmente las horas exigidas para adquirir la formación profesional necesaria.
Por su parte, las empresas interesadas también se beneficiaban de la actividad fraudulenta de la academia de formación, ya que éstas se lucraban de las bonificaciones de los bonos sociales que recibían al invertir en la realización de cursos de formación para sus trabajadores. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), organismo público estatal encargado de gestionar fondos económicos para ayudar a las empresas a formar a sus trabajadores, también detectó irregularidades en los diplomas.
Junto a ello, la academia investigada emitía también diplomas falsificados a particulares, quienes los presentaban en oposiciones de concurso público para obtener más puntos en el baremo. En concreto, se ha localizado a diez aspirantes que pretendían acceder de forma irregular a la bolsa de empleo de un hospital presentando certificados por cursos de formación baremables falsificados.
Asimismo, los agentes han investigado a una decena de conductores de camiones, autobuses y vehículos de grandes dimensiones que no estaban en posesión del Certificado de Actitud Profesional (CAP) obligatorio para poder conducir dichos vehículos y que estaban ejerciendo esta actividad sin tener habilitación alguna para ello.
Los detenidos, junto con los investigados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Durante la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción de Sevilla, la Fundae en Madrid, y la Empresa Pública de un Hospital de la provincia de Jaén, así como diversas empresas de formación en riesgos laborales y rama sanitaria de las provincias de Jaén, Granada y Sevilla.